Y no cesa el acecho del capital privado a la Universidad Pública ¿Comporta realmente la reforma a la ley 30 de 1992 el incremento de la calidad en la educación o el gobierno simplemente dora la píldora?
Inyección de capitales a cambio de la independencia universitaria, un negocio de costes incalculables. Aún con la exposición de todos los modelos de educación con ánimo de lucro "exitosos" en el ámbito internacional, los riesgos a evaluar son insoslayables, considerando que: primero, la participación propuesta de la empresa privada va en consonancia con la disminución (o sustitución) en un significativo porcentaje de la del Estado; segundo, rara vez este tipo de inversión en el sector público ha sido desinteresada -y cabe apuntar que esta no parece ser una disposición filantrópica-, sin olvidar que como consecuencia de todo esto, el criterio privado incidiría en la formación académica, vinculándola únicamente al sector productivo, al tiempo que desampara otras áreas del conocimiento.
¿Qué impulsa al gobierno a formular tan polémico proyecto? ¿Tan pobre es su capacidad de atacar el déficit que presenta la universidad pública como para comprometer la vocación de la misma? ¿U obedece esto a una falta de voluntad para canalizar otros fondos del estado, por no decir que a la inextinguible genuflexión de los gobiernos de Colombia a los agentes económicos?
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