Uno como ciudadano de a pie admite sin contestación el axioma de que la corrupción (así en abstracto) en cualquiera de sus manifestaciones debe ser castigada con todo el rigor de la justicia. Pero en este país, la polarización ideológica e incluso los apegos regionalistas a menudo dan al tema un trato palpablemente selectivo. Un muy buen ejemplo de esto podría ser la avalancha de casos aberrantes de cohecho, desfalcos, violaciones a los derechos humanos y nepotismo que nos legaron los dos periodos presidenciales de Uribe, por los que ahora comparecen sus artífices ante la palestras judiciales y ante la desaprobación de buena parte de la opinión pública, pero que también tienen el recibo minimizador - o en el peor de los casos, indulgente- del lenguaje uribista, que paralelamente señala con fiereza la "politización" de la justicia cada vez que afecta los intereses de sus cabecillas, pero que la ensalza cuando los investigados/sentenciados pertenecen a la izquierda. Así, son notorios sus esfuerzos por convertir el caso de las relaciones prohibidas entre Samy Moreno y los Nule y las imputaciones a Piedad Córdoba por la Procuraduría en la cortina de humo perfecta para tamizar las calaveradas del Uribismo.
Ese sesgo en la percepción del delito es peligroso. La corrupción no puede tener fronteras ideológicas: Tan denostable es la forma indecente como se adjudicaron obras en Bogotá, como las relaciones de Piedad Córdoba con la guerrilla, y los desfalcos y cohechos que caracterizaron al Gobierno de Uribe, sin olvidar sus falsos positivos. La presunción de que todas las investigaciones por corrupción son parte de una "persecución política contra el uribismo" es un insulto a la inteligencia.
