Las dudas y certezas sobre un nuevo proceso de paz.

Colombia viene encarando desde sus albores tantas mutaciones del conflicto interno y tantos amagos de resolución, que al día de hoy cada nueva promesa de cambio se antoja estéril, por no decir que sospechosa, máxime cuando todas comparten la cualidad de presentarse como la última y definitiva de las apuestas posibles por la paz. Considerando la enormidad del fracaso resultante de todas las iniciativas precedentes, resulta difícil reprochar el escepticismo con que una parte de la opinión pública recibe el tan rumorado y ahora confirmado pre-acuerdo entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc en Cuba para iniciar diálogos de paz. Incluso la adhesión generalizada a la tesis de la solución militar que versa el ideario uribista parece comprensible en situaciones como las actuales en que las narcoguerrillas simultanean propuestas de conciliación con acciones terroristas contra la población civil, la fuerza pública y la infraestructura económica.

Por supuesto, la burguesía citadina criolla, patriotera hasta la médula, es la primera en hacer sentir su reprobación. Haciendo gala de su proverbial indolencia hacía las victimas del conflicto, arrecia sus amonestaciones al presidente por no aventurarse a seguir intentando a punta de metralla y bombazos la liberación de secuestrados y la desarticulación de estos grupos ilegales. Su propensión a alentar salidas bélicas es esperable, sabiéndose, claro está, partícipe del conflicto solo como un espectador arrellanado en la lejana comodidad de su casa e incapaz de paladear su crudeza como los militares y víctimas. La crisis humanitaria colombiana evidentemente es muy compleja, y por eso mismo es importante entender que no puede esperarse para ella una solución simple y uniforme. Son décadas enteras en que el Estado colombiano viene asumiendo alternadamente posturas unas veces ingenuas y torpes, y otras cerriles y apasionadas frente a la subversión, obteniendo de todas mezquinos resultados. Perfectamente entendible es la desconfianza a cualquier proceso de paz que tiene igualmente como antecedente las vilezas y perfidias de unas partes que nunca abdicaron de sus intereses, y por el contrario instrumentalizaron estos escenarios para satisfacerlos a como diera lugar, siempre a expensas del pueblo colombiano (esto, por supuesto, describe tanto a los grupos armados ilegales como al mismo Estado), pero cerrarse a alternativas distintas a la lógica guerrerista tampoco es saludable para un país que se hunde en el fango de la injusticia social, puesto que su único logro es postergar eternamente la culminación del conflicto y a lo sumo convertirlo en un espectáculo patriotero capitalizado por ramplones personalismos políticos.

Vale la pena contextualizar: A pesar de todas estas reticencias, las condiciones en que llegan las partes a las conversaciones no son las mismas de hace doce años. Los sonoros golpes a la cúpula y mandos medios de la guerrilla, los mecanismos de justicia transicional aprobados recientemente por el legislativo, el acuerdo de realizar los diálogos por fuera del país -sin zonas de despeje- y los principios rectores enunciados por el presidente Santos configuran para esta mesa de negociación un marco sustancialmente distinto a los procesos de paz anteriores, especialmente al del Caguán. Tampoco se puede olvidar que Colombia está suscrito al Tratado de Roma de 1998, lo que no le permite ya concluir este tipo de procesos con Amnistías o indultos.

Es preferible no apresurarse a sacar conclusiones. Solo resta esperar que el desenlace de esta nueva empresa no nos legue otra frustración.