La apatía política: amiga entrañable de la corrupción.

Está muy generalizado, sobre todo en Colombia, el desconocimiento sobre las implicaciones que entraña vivir en una democracia. La mayoría de las personas reduce la participación que ésta otorga a todos los estamentos sociales al copioso papeleo de cada proceso electoral, dejando de lado su auténtica esencia y significado, que es un mayor compromiso por parte de sus integrantes con el desarrollo y bienestar de la sociedad. A juzgar por el actual estado de cosas, dicha noción del ejercicio democrático no está muy presente: desde la perspectiva del ciudadano del común, tal responsabilidad concluye en el momento en que entrega su aval a un funcionario público o conjunto de ellos con la esperanza de que resuelva los problemas del país (la esperanza, claro está, no pasa de ser un supuesto cuando votar se ha trocado en una rutina irreflexiva); a partir de entonces considera su compromiso con los asuntos políticos y sociales zanjado y se desentiende de ellos. Este rol pasivo del ciudadano a todas luces es preocupante, pero quizá no es una manifestación de incultura cívica tan vergonzante como la apatía política.



Asistimos a una época en la que ese ciudadano autómata viene siendo desplazado por el ciudadano apolítico. La desidia hacia las cuestiones del Estado parece haber ganado terreno en la población en los últimos años, lo cual puede palparse en la creciente abstención electoral y en la poca claridad sobre el acontecer político y la finalidad de las instituciones democráticas. Esto se ve  particularmente acentuado entre los jóvenes, que aunque permanezcan expuestos al gran flujo de información de las redes sociales, el interés de muchos de éstos por los temas de orden público sigue siendo exiguo y su ocasional inmersión en ellos a menudo torpe, más impulsada por las modas que explotan la cultura contestataria que por una búsqueda consciente y sincera de la verdad. Debe observarse igualmente que este desinterés ya no se origina únicamente en viejas decepciones electorales, sino en la comodidad y el vano prestigio social: por una parte, están los apolíticos por pura molicie, que ven en la política una materia demasiado compleja y tensionante como para despertar algún interés, y para quienes es más sencillo hacerse a la idea de que la existencia del concejal, diputado, congresista, presidente, etc, le exonera de toda preocupación y cuidado por el funcionamiento del Estado, y que a nosotros los ciudadanos sólo nos corresponde ser espectadores distantes y silenciosos de su gestión. Por otro lado también están los apolíticos por razones sociales, los cuales se mueven en un entorno social donde la incultura democrática no sólo es bien vista sino  celebrada, pues el imaginario popular alberga la absurda idea de que estar al tanto de estos temas y de manera tan pormenorizada es propio de gente aburrida y mamerta.

Sin embargo poco interesa de qué modo se desdeñe la política, las consecuencias siguen siendo las mismas. El ciudadano de a pie debe concienciarse de cuán nociva es su ingenuidad al creer que la política es una suerte de mundo paralelo con leyes propias que no le afectan, o en su defecto, que delegar en los funcionarios públicos la totalidad de sus deberes civiles es hacer democracia. De la abdicación al seguimiento de la política sólo se desprende una catastrófica legitimación a la burocracia, la injusticia social y la corrupción en todas sus manifestaciones, males que socavan progresivamente el bienestar de la comunidad. Nada complace tanto al político deshonesto como la proliferación de la abulia ciudadana: esa ausencia de iniciativa y espíritu inquisitivo para con las estructuras de poder es la mejor garantía que la realización de sus fechorías podría recibir. Sin duda la apolitica es la apuesta más estúpida que toda persona puede llegar a hacer. Una democracia auténtica involucra de manera proactiva a toda la ciudadanía, exige de todos y cada no de sus componentes un compromiso inclaudicable con su correcto funcionamiento, que no se limita a sufragar en una urna al final de cada periodo de gobierno sino que se extiende a ejercer permanente veeduría, control y inspección del desempeño de los servidores públicos.